Esta herramienta está hecha para fundadores, no para abogados. Cada columna de la tabla se explica abajo con palabras normales: qué es y qué cambia para ti en la práctica. Sin definiciones copiadas de una ley.
Es el tipo nominal que paga sobre su beneficio una sociedad residente normal: la cifra de la ley, antes de aplicar nada a tu caso concreto. Zonas francas, incentivos para pymes, exenciones por participación y regímenes sectoriales pueden dejar la carga real muy por debajo. Y las retenciones sobre dividendos que salen del país pueden elevar el total.
El GAFI es el organismo intergubernamental que fija los estándares contra el blanqueo de capitales. Su «lista gris» —formalmente, jurisdicciones bajo seguimiento intensificado— recoge países que han reconocido deficiencias, se han comprometido a corregirlas y están supervisados mientras lo hacen. No es una sanción ni una prohibición. Lo que cambia es cómo te tratan los bancos: abrir cuenta lleva más tiempo, cumplimiento pregunta más sobre la sociedad y sus contrapartes, y los pagos se revisan con más frecuencia.
Esta marca se activa cuando programas amplios de sanciones sectoriales (EE. UU., UE, Reino Unido) apuntan a la propia jurisdicción y no a una lista de personas y empresas concretas. Tu contraparte puede no estar sancionada en absoluto y la operación ser plenamente lícita. El efecto práctico es el de-risking: bancos y proveedores de pagos rechazan categorías enteras de negocio vinculadas al país porque revisar cada caso les cuesta más de lo que vale la relación. Lo que la marca no dice: no refleja designaciones de personas o entidades concretas. Que no haya marca no significa que tu contraparte en particular esté limpia; eso se comprueba aparte en los registros de EE. UU., la UE, el Reino Unido y la ONU.
Es la norma que regula cómo puedes recoger, almacenar y usar datos personales: clientes, empleados, usuarios. Aquí se esconden dos preguntas distintas. Primera: qué te exige la ley local. Segunda, normalmente la difícil: si tratas datos de personas en la UE o el Reino Unido, necesitas un mecanismo legal para transferir esos datos a esta jurisdicción, por buena que sea su propia ley.
Es el tratado por el que los Estados parte se comprometen a reconocer y ejecutar los laudos arbitrales dictados en otros Estados parte. Dicho llanamente: ganas un arbitraje en el extranjero y los tribunales locales normalmente harán pagar al perdedor. Hay más de 170 Estados parte. Si una jurisdicción no lo es, tu laudo allí es papel mojado: habría que litigar todo el conflicto de nuevo ante tribunales locales, con sus reglas y en su idioma.
La apostilla es un certificado único y estandarizado que hace válido un documento oficial de un Estado parte en todos los demás. Escritura de constitución, poder notarial, firma legitimada: un sello y el documento viaja. Donde el Convenio no se aplica queda la legalización consular: una cadena por notario, ministerio de Exteriores y embajada del país de destino, cada paso con su cola y su tasa.
En muchos países un extranjero puede poseer íntegramente una sociedad local. En otros, algunos sectores o todos exigen un socio local con una participación mínima, o un vehículo concreto: entidad en zona franca, sucursal, estructura con testaferro. Esos rodeos son legales, pero cuestan dinero, añaden a alguien con derechos sobre tu sociedad y suelen traer sus propios límites sobre lo que la entidad puede hacer.
Algunas jurisdicciones exigen al menos un administrador residente. En la práctica se alquila a un proveedor de servicios corporativos. Es un coste anual recurrente y, sobre todo, una dependencia de gobernanza: una persona que firma, a la que su empleador puede sustituir, y cuya disponibilidad se interpone entre tú y cada trámite que requiera firma de administrador.
KYC —«conoce a tu cliente»— es el conjunto de comprobaciones que un banco debe hacer antes de aceptarte: quién es el dueño de la sociedad, de dónde viene el dinero, a qué se dedica realmente el negocio, a quién paga y quién le paga. El banco no está siendo quisquilloso: responde si se equivoca. Los plazos crecen con lo inusual que parezca tu estructura: varios niveles, socios en distintos países, una jurisdicción en lista gris en algún punto de la cadena.
Normalmente un país, pero no siempre. Jersey, Guernsey, la Isla de Man, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong no son Estados soberanos y, aun así, cada uno tiene su derecho societario, sus tribunales y sus reglas fiscales, que es justo lo que importa al decidir dónde debe vivir una entidad. Por eso esta herramienta cuenta jurisdicciones y no países.
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