Qué presenta una sociedad: Georgia [GE]

El artículo 9(2) impone la obligación a «una entidad (excepto una persona jurídica no empresarial (no comercial))», de modo que alcanza a toda entidad comercial con independencia de su tamaño, incluidas las empresas de tercera y cuarta categoría. Lo que varía con el tamaño es el CONTENIDO, no el deber: el informe de gestión solo lo deben las PIE y las empresas de primera y segunda categoría (artículo 7(1), recogido aparte), y el informe de auditoría solo donde el artículo 6 exige auditoría (también aparte). El tamaño cambia además lo que ocurre después, no la fecha: según el artículo 9(3) el Servicio publica los estados recibidos en el plazo de un mes «excepto los estados de las empresas de la cuarta categoría». No debe pasarse por alto una variante: la entidad cuyo periodo de referencia no coincide con el año natural se rige por un cómputo de nueve meses desde el cierre de su propio periodo (artículo 9(4)), y no por la fecha del 1 de octubre aquí recogida. El artículo 9(2) menciona también, en la misma presentación, un «informe sobre pagos al Estado determinado por esta Ley»; la disposición que determina qué entidades deben ese informe no se leyó para esta ficha.

El campo threshold es solo un filtro grueso; la prueba real está en esta nota. Artículo 6(1): «Las PIE, las empresas de primera y segunda categoría y los grupos de primera y segunda categoría asegurarán la realización de auditorías de sus estados financieros/estados financieros consolidados», y el artículo 6(3) libera de esa obligación a «las empresas de tercera y cuarta categoría y las personas jurídicas no empresariales (no comerciales)», en ambos casos «salvo que se determine otra cosa» en la legislación sectorial. El tamaño no se mide con una sola cifra: el artículo 2 define cada categoría como la entidad cuyos indicadores al cierre del periodo de referencia «cumplen al menos dos de esos tres criterios». Una empresa de tercera categoría cumple al menos dos de: activos que no superen 10 millones de GEL, ingresos que no superen 20 millones de GEL, plantilla media que no supere 50. Una entidad que queda fuera de la tercera y la cuarta categoría es, por tanto, de segunda o primera categoría y se audita: de ahí el techo de ingresos de la tercera categoría, 20 millones de GEL, recogido arriba, con una prueba de «estrictamente mayor». Una entidad puede quedar atrapada por el criterio de activos o de plantilla con ingresos inferiores a esa cifra, por lo que el umbral no debe leerse como el único desencadenante. Dos reglas más cambian la respuesta: una PIE se audita sea cual sea su tamaño — el artículo 2(1)(x) enumera la empresa obligada cuyos valores se admiten a negociación en bolsa, el banco comercial, el microbanco, la organización de microfinanzas, la aseguradora, la compañía de pensiones, la sociedad de inversión autorizada, la gestora de activos con licencia, la entidad de depósito no bancaria (cooperativa de crédito) y la persona designada PIE por el Servicio según criterios aprobados por el Gobierno — y el artículo 6(4) extiende la obligación «a las entidades que sean sociedades filiales dentro de un grupo», de modo que una filial pequeña de un grupo grande no queda liberada por su propio tamaño. DISCREPANCIA ENTRE FUENTES PRIMARIAS, NO RESUELTA AQUÍ: la Ley de Georgia sobre empresarios, artículo 56(2), en el texto inglés del publicador oficial, dice «Una entidad de interés público determinada por la Ley de Georgia sobre contabilidad, información financiera y auditoría, que sea una empresa de categoría I o II, asegurará la auditoría anual de sus estados financieros/estados financieros consolidados» — una regla más estrecha que auditaría solo a una PIE que sea además empresa de primera o segunda categoría, mientras que el artículo 6(1) de la ley contable audita a una PIE y a una empresa de primera o segunda categoría con independencia la una de la otra. Ambas lecturas se dejan en pie; esta página no elige entre ellas.

Artículo 7(1): «Las PIE y las empresas de primera y segunda categoría elaborarán un informe de gestión y lo presentarán al Servicio», por lo que las empresas de tercera y cuarta categoría deben los estados financieros pero no este informe. El umbral recogido arriba es el mismo filtro grueso que para la auditoría — el techo de ingresos de la tercera categoría, 20 millones de GEL — y la prueba real es la regla de dos de tres del artículo 2 más la condición de PIE con independencia del tamaño; el artículo 7(12) extiende el artículo a «las categorías de los grupos que cumplen los criterios de las empresas de primera y segunda categoría». El contenido del informe está a su vez escalonado, de modo que el deber no es uniforme entre quienes lo soportan: la revisión de actividades la elaboran las PIE y las empresas de primera y segunda categoría (artículo 7(3)); el informe de gobierno corporativo solo una persona del artículo 2(1)(x.a), esto es, una empresa obligada cuyos valores se admiten a negociación en bolsa (artículo 7(4)); y el estado no financiero solo «una PIE que cumpla la categoría de tamaño de una empresa de primera categoría y que, además, tenga más de 500 empleados de media en el periodo de referencia» (artículo 7(5)). Dos alivios importan en la práctica: una filial no está obligada a presentar el estado no financiero si la información consta en los estados consolidados del grupo (artículo 7(9)), y una entidad queda exenta de recoger la información en un informe de gestión si se da en los estados financieros según el artículo 9(2) (artículo 7(11)). Las PIE y las entidades de segunda categoría deben además presentar el informe al auditor, que emite una opinión sobre partes de él (artículo 7(10)).

Solo las PIE. Artículo 9(5): «Las PIE están obligadas a publicar los estados (incluidos los consolidados) previstos en el apartado (2) de este artículo, en su propio sitio web o en una publicación impresa.» Una PIE según el artículo 2(1)(x) es una empresa obligada cuyos valores se admiten a negociación en bolsa; un banco comercial; un microbanco; una organización de microfinanzas; una aseguradora; una compañía de pensiones; una sociedad de inversión autorizada; una gestora de activos con licencia; una entidad de depósito no bancaria (cooperativa de crédito); o una persona definida como PIE por el Servicio según criterios aprobados por el Gobierno. La mayor parte de esa lista es actividad con licencia o regulada, de ahí que el scope se recoja como licensed y no como umbral de tamaño, pero el último supuesto implica que una sociedad ordinaria puede quedar incluida por designación del Servicio, y la condición de PIE no depende del tamaño. El artículo 9(5) no fija fecha propia y determina el contenido por remisión a los estados del artículo 9(2); un órgano regulador o supervisor puede, de acuerdo con el Servicio, restringir la publicación de la información del artículo 7 cuando su divulgación amenace la estabilidad financiera (artículo 7(13)).

El artículo 36 se encuentra en el capítulo VI de la Ley de Georgia sobre empresarios, dedicado a los órganos de la sociedad, y alcanza por tanto a las formas sociales que la ley reconoce y no al empresario individual, que no tiene socios ni asamblea general. Artículo 36(2): «La sociedad celebrará una asamblea general ordinaria al menos una vez al año, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la formulación del balance anual.» Dos particularidades de este plazo no deben suavizarse. Primera, no corre desde el cierre del ejercicio ni desde una fecha natural, sino desde el día en que se formula el balance anual, y la ley tal como se leyó no fija plazo para formularlo, de modo que el inicio de los seis meses es una fecha que el usuario debe aportar. Segunda, «al menos una vez al año» es un supuesto autónomo: la sociedad que no formuló balance debe aun así celebrar una asamblea dentro del año. Las formas enumeradas aquí son las que cubre el capítulo tal como se leyó; la lista propia de formas empresariales en las definiciones de la ley no se citó literalmente para esta ficha, por lo que la lista no es una cita literal de las definiciones de la ley.

Aquí no puede deducirse ninguna fecha. Este plazo se cuenta desde algo que esta página desconoce: el ejercicio fiscal que la propia sociedad elige, o un hecho que solo tú puedes fechar. Lo publicado es la norma, no el día.